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Tenencia de drogas y derechos humanos

La Corte Suprema tiene casi lista la sentencia que despenalizaría el consumo personal, aunque se dictaría después de la feria judicial. Mañana tiene previsto avanzar en la agilización en los juicios por delitos de lesa humanidad,
Además, el tribunal podría tratar este lunes un recurso presentado por los indios wichis para frenar los desmontes en cuatro departamentos de Salta, que representan más de un tercio de la superficie provincial.

Se trata de dos cuestiones de alto impacto, refiriéndose a la tenencia de drogas y derechos humanos,  sobre los que el máximo tribunal deseaba sentar postura antes de fin de año, en su último plenario de este lunes y antes del inicio del receso judicial de enero.

De todos modos, ante un tema sensible como lo es la legalización de la tenencia de drogas, la Corte buscaría un fallo unánime, por lo que de no llegar a un consenso la sentencia quedaría en suspenso al menos hasta febrero próximo, según confirmaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.

Hasta el momento, según trascendió, uno sólo de los magistrados votaría en disidencia; cinco, en favor de la despenalización y el restante podría sumarse al grupo mayoritario.

La decisión de la Corte coincide con la posición del Gobierno sobre el tema: reemplazar la sanción penal por la asistencia médica y optimizar los recursos de la justicia para investigar y condenar a los vendedores de estupefacientes.

Por otra parte, la Corte tiene previsto aprobar mañana una acordada que permitirá agilizar la marcha de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos, en medio de la polémica por la lentitud de los procesos contra represores tras la caída de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos.

Así lo confirmó la semana pasada el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, quien precisó que se buscará impulsar un paquete de medidas que a su vez sean complementadas con disposiciones de los otros dos poderes del Estado.

El plan de la Corte consistiría, entre otras cosas, en digitalizar las causas, simplificar las querellas, designar más jueces y más tribunales orales para llevar adelante estos procesos e, incluso, que el Consejo de la Magistratura termine de cubrir algunas vacantes judiciales y que el Congreso dicte en sesiones extraordinarias una ley procesal para agilizar los litigios complejos.

La iniciativa busca impedir que se produzcan nuevos fallos como el que ordenó la libertad de los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge “el Tigre” Acosta y otros 19 represores, y que generó un fuerte cruce de acusaciones por la responsabilidad de cada poder del Estado en la decisión de la Cámara de Casación.

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