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Revés judicial para los wichis por la tala de bosques

La procuradora fiscal ante la Corte Suprema, Laura Monti, dictaminó que “el proceso de amparo” presentado por los wichis salteños “resulta ajeno a la competencia originaria de la Corte”. De ésta forma se dictaminó que el reclamo de los aborígenes de la comunidad Wichi, de Salta, no debe ser resuelta por el máximo tribunal de Justicia, al considerar que es de competencia del fuero local. Fuentes judiciales informaron que el dictamen, con la firma de la procuradora Laura Monti fue elevado a la Corte, que ahora deberá resolver si asume o no la competencia de la denuncia que presentaron días atrás integrantes de la comunidad Wichi con el patrocinio de la ex ombusdman porteña, Alicia Oliveira.

Al tratarse de una medida cautelar reviste una cuestión de rápida resolución, y en ese sentido puede que el máximo tribunal de a conocer algún tipo de medida en el último acuerdo del año, el lunes próximo.

En su dictamen, Monti consideró que el tema es competencia “de las autoridades provinciales”, y que la Corte solamente interviene cuando “la cuestión federal sea la predominante en la causa, pero no cuando -como sucede en la especie- se incluyen, además, temas de índole local y de competencia de los poderes locales”.

En su presentación, lo aborígenes habían solicitado el cese de “los desmontes y la tala indiscriminada de bosques nativos”, así como también que se dejen si efecto todas las autorizaciones otorgadas por el Gobierno provincial a empresas para ejercer dicha actividad en cinco departamentos de Salta.

“Tales bosques nativos proveen desde siempre a las comunidades indígenas de la zona de los recursos materiales necesarios para su sustento: peces, animales, frutos, raíces, miel, algarrobo, etc”, según los denunciantes.

Para los Wichis existe una “aquiescencia expresa o tácita de las autoridades estatales provinciales y nacionales”, ante la tala indiscriminada.

En consecuencia, acusaron que ello produce que “el bosque nativo de la zona se encuentra en proceso de desaparición”.

“Cada vez más acorralados y aislados por los desmontes, los pueblos originarios del lugar continúan intentando sobrevivir en y de esos bosques”, según consta en la demanda.

Entre el año 2004 y 2007 hubo unos 211 pedidos de autorización para desmontes, de los cuales 195 fueron aprobados por el Gobierno provincial, detallaron en el escrito.

Asimismo, incluyeron un pedido para que el Gobierno salteño brinde el listado de todas aquellas personas o empresas que solicitaron permisos de tala y se les fue concedido. “El paso del tiempo puede provocar que un fallo llegue tarde y resulte prácticamente inoperable, por agotamiento o grave degradación del bosque nativo”, advirtieron en la presentación.

Infobae

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